Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) convocado de urgencia para este lunes ha cerrado en falso toda vez que el Gobierno y las comunidades autónomas no han conseguido acordar de forma unánime el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comentado a los medios al término de la reunión que sobre la mesa se han puesto todas las propuestas para los consejeros autonómicos del ramo, a los que se ha otorgado un plazo de 48 horas para analizarlas y presentar sus alegaciones.
Hay que recordar que al final de la semana pasada la Comunidad Valenciana, Cataluña decretaban la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y residencias de mayores, mientras que en Aragón se optó por que únicamente los profesionales sanitarios y de cuidados en centros sociosanitarios tuvieran que llevarla.
«Hemos hablado y hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población», ha declarado García.
Según informa la agencia «EFE», Madrid se ha mostrado en contra de la obligatoriedad y apuesta por que sea «recomendable y voluntario». País Vasco, La Rioja, Asturias, Galicia, Castilla y León o Navarra también son partidarias de esta medida, mientras que Castilla-La Mancha prefiere esperar a la opinión de los técnicos y en Andalucía van a avanzar en la vacunación.
Por otra parte, García anunciaba en una entrevista en «Onda Cero» que entre las medidas que iba a plantear en el CISNS estaba «la autojustificación de las bajas de tres días, para aquellos que tengan una enfermedad leve«. Una propuesta, según explicó, con la que «no es necesario que se vaya al médico y, sin embargo, les estamos de alguna manera obligando a que vayan a por un parte. Esta es una medida que ya se ha tomado en muchos países».
Su secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha aclarado en la red social «X» que no se trata de «un parche» para evitar la contratación de profesionales sanitarios: «Es una medida solicitada por sociedades científicas y profesionales del ámbito de la Atención Primaria, muchas de ellas con inquebrantable compromiso en la defensa de la sanidad pública. Ante esto, quien dice que es ‘un parche en vez de contratar más profesionales’, voy a ser claro: no».
