La Directiva Whistleblowing, que entró en vigor en España el 13 de junio y es de obligado cumplimiento para las empresas de más de 250 trabajadores (con más de 50 a partir de diciembre), establece la obligación de implantar canales internos de denuncia y por tanto favorecer un entorno laboral más ético.
El objetivo de esta normativa, publicada en el BOE como Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, es fomentar una cultura empresarial más transparente y ética, facilitando que los trabajadores puedan alertar de posibles irregularidades o ilícitos que afecten a los intereses de la Unión Europea, como la contratación pública, los servicios financieros, la salud pública, la libre competencia o la prevención del fraude fiscal, entre otros.
La Directiva Whistleblowing también garantiza la confidencialidad y la protección de los denunciantes, evitando que sufran represalias o discriminaciones por parte de sus empleadores. Asimismo, establece un procedimiento para el seguimiento y la resolución de las denuncias, que deben ser recibidas y tramitadas por personas imparciales y competentes.
¿Cómo se aplica la Directiva Whistleblowing en España?
Según una encuesta de Personio, el 65% de las empresas españolas ya han implementado un canal interno de denuncias, un porcentaje que permite a España situarse como el segundo país más avanzado en lo que a la directiva se refiere.
Muy diferente es la visión que se tiene desde los dos lados de la mesa. Mientras que un 43% de los empresarios opinan que la gestión de la malas conductas es la adecuada, apenas un 31% de los empleados comparten esa visión y el 87% temen represalias en caso de plantear denuncia.
Necesidad de garantizar el anonimato
Para evitar el recelo de los empleados es necesario maximizar la calidad del sistema y garantizar que los datos de la persona denunciante sean completamente anónimos. Por ahora
No obstante, la Directiva Whistleblowing supone una oportunidad para las empresas españolas, ya que les permite mejorar su reputación, su competitividad y su sostenibilidad. Un canal interno de denuncia eficaz contribuye a prevenir y detectar posibles riesgos legales, financieros o reputacionales, así como a fomentar una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y el respeto.
Por tanto, las empresas españolas deberían aprovechar esta ocasión para revisar y actualizar sus políticas y procedimientos internos, asegurando que cuentan con un canal interno de denuncia que cumpla con los estándares establecidos por la Directiva Whistleblowing. Así, podrán beneficiarse de las ventajas que supone contar con un mecanismo que garantice la protección y la participación activa de sus trabajadores.
Requisitos del canal de denuncias
Para garantizar confidencialidad y protección de datos el canal de denuncias debe cumplir con una serie de requisitos:
- El canal de denuncias debe permitir recoger las infracciones o alertas relativas a la intimidad personal, seguridad, contratación pública, o cualquier otra situación que se considere irregular.
- Debe ser gestionado por personas imparciales que garanticen la confidencialidad del denunciante y el seguimiento adecuado de la denuncia.
- Debe emitir un acuse de recibo de la denuncia en un plazo de 7 días y resolverla en un plazo máximo de 3 meses.
- Disponible tanto para el sector público como el privado, específicamente para las empresas con 50 o más personas trabajadoras.
Estos requisitos suponen un desafío para las empresas, ya que deben adaptar sus sistemas internos de información y cumplimiento normativo para habilitar un canal de denuncias eficaz y seguro. Además, deben asegurar que e no se utilice con fines malintencionados o fraudulentos, y que se respeten los derechos y garantías tanto del denunciante como del denunciado. Por otro lado, hay que tener en cuenta las posibles sanciones que pueden derivarse del incumplimiento de la normativa Whistleblowing, que pueden ir desde multas económicas hasta inhabilitaciones profesionales.
En conclusión, la aplicación de la normativa Whistleblowing representa un reto para las empresas, pero también una oportunidad para mejorar su ética, transparencia y responsabilidad social.
