ADP Research Institute ha entrevistado a más de 11.000 trabajadores en todo el mundo para conocer el impacto que ha tenido la Covid-19 en sus perspectivas sobre su situación laboral y sus expectativas para el futuro del lugar de trabajo.
Entre las conclusiones de su informe “Workforce View 2020”, se destacan los problemas de cobro que las empresas, a nivel global, están teniendo debido a la crisis.
Trabajar horas extras no remuneradas se ha convertido en algo recurrente y además ha aumentado su número medio, pasando de 6 a 7 a la semana.
El estudio de ADP señala que en mayo de 2020, los empleados de España trabajaron una media de 5,11 horas a la semana gratis, lo que supuso un incremento con respecto a las 4,6 horas a la semana registradas en enero de 2020.
ADP indica también que el 32 % de los empleados de España aceptaría un recorte salarial para conservar su puesto de trabajo.
Según Raúl Sibaja, director general de ADP para el Sur de Europa, “la cultura de las largas jornadas laborales ha sido históricamente la tónica general, pero ahora los trabajadores están dando a los empleadores aún más mano de obra gratuita».
«Puede haber varias razones para dicho aumento: desde la preocupación de perder el empleo que provoca que el trabajador invierta más horas para mostrar su valía, hasta que sigan trabajando fuera de su horario habitual debido a la sobrecarga de trabajo».
Sea cual sea la causa, los empleadores deben analizar si esto se traduce en una mejora de la productividad, y deben vigilar de cerca los niveles de estrés y la satisfacción laboral de sus plantillas, según Raúl Sibaja.
Si los empleadores buscan reducir costes para reforzar la viabilidad comercial y salvar tantos trabajos como sea posible, mientras lidian con los desafíos económicos, podrían exigir aún mayores sacrificios en el salario a algunos trabajadores.
Si esto supusiera la conservación de los puestos de trabajo, casi dos de cada cinco encuestados (38%) aceptarían una reducción, siendo un 10% o menos el recorte que estarán dispuestos a asumir.
La alternativa de aplazar el pago es menos atractiva; uno de cada tres (32%) lo considera una medida adecuada para salvar su empleo.
Sin embargo, existe una resistencia significativa a tal acción, con un tercio (32%) que defiende que ni los recortes ni los aplazamientos salariales serían aceptables, incluso si con ello se consiguiera que no hubiera despidos.
Por regiones, los trabajadores de Asia Pacífico (APAC) y América Latina consideran más aceptables las medidas de los recortes salariales o aplazamientos para salvar puestos de trabajo que los empleados en Europa y América del Norte.
Sibaja indica que “incluso si algunos trabajadores aceptaran hacer sacrificios como medida temporal o como último recurso, los empleadores deben estar preparados para un repliegue significativo en su negocio».
Las medidas para reducir o retrasar el pago tendrían un impacto negativo en los trabajadores, por lo que los empleadores deben sopesar qué decisiones tomar y cómo justificarlas.
Incluso se podría valorar mantener las medidas al mínimo absoluto necesario para garantizar el funcionamiento de la empresa mientras que se trabaja en la motivación de los empleados y se cuida la forma de comunicarlo para crear transparencia y mantener su confianza.
En este contexto, ADP señala que si la implementación de tales medidas es inevitable, es fundamental que se pague a los trabajadores correctamente y a tiempo, y señala que la forma de abonar las nóminas también merece consideración.
