La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE, formada por los grupos de trabajo de dependencia, farmacia y sanidad, ha presentado este miércoles el informe ‘Cifras, retos y oportunidades del sector sanitario español tras el Covid’. Se trata de una radiografía de la actual situación del sector empresarial sanitario, y en este informe se detalla el peso que supone en el PIB, el empleo, facturación y distribución que suponen esta actividad. El informe también aborda los problemas que afectan a cada uno de estos subsectores del ámbito de la salud, incluida la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, actualmente en tramitación parlamentaria.
Garamendi: «vamos al revés que Europa»
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha participado en esta presentación. “Estoy aquí en nombre de todas las empresas, para apoyar a las empresas de la sanidad privada y su labor social”, ha dicho. En su opinión, “este proyecto de Ley de Equidad carece de estudio económico realista” y quizá incurra en una “posible inconstitucionalidad”.
Garamendi ha repasado algunos datos esenciales de la sanidad en España: “Hay 700.000 personas en lista de espera quirúrgica, y 2,8 millones de personas en lista de espera de médico especialista”. De modo que, de aprobarse esta ley, la situación se agravará. Asimismo y en defensa de la colaboración público-privada, señala: “la sanidad privada no quiere sustituir a la pública”. Al mismo tiempo, advierte la inconsistencia de algunos aspectos del sistema sanitario español: “los funcionarios tienen derecho a elegir entre sanidad pública y privada”.
Según Garamendi, la Ley de Equidad se basa en un “planteamiento ideológico”. Por eso, “vamos al revés que Europa; somos especialistas en hacer lo contrario que nuestros socios europeos”, dice, para indicar el nuevo marco en que desaparece la colaboración entre sanidad privada y público. En consecuencia, esta ley supone una “inseguridad jurídica enorme”.
9,5% del PIB
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Luis Mendicuti, ha sido el encargado de exponer las cifras que constatan la magnitud de un sector empresarial que representa el 9,5% del PIB, emplea a más de 1,2 millones de personas y cuya facturación conjunta supera los 109.000 millones de euros. En el área específica de Sanidad privada trabajan 770.000 personas; en Farmacia, 188.000; y en Dependencia, 314.500 profesionales, de los cuales, 180.000 atienden residencias y 130.000 presta servicio en ayuda a domicilio.
En muchos segmentos de actividad, la empresa privada es mayoritaria, como en al ámbito funerario (95%), en sanidad ambiental (94%), en veterinaria (87%), en distribución mayorista en farmacia (97%) y en residencias (75%). Dentro del ámbito farmacéutico, destacan los 91.000 profesionales en farmacia minorista y 48.900 fabricantes de patentes, aparte de 40.000 en fabricación de genéricos.
«Esta ley es un Muro de Berlín»
Carlos Rus, presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y presidente de ASPE, ha puesto el acento en las preocupaciones y retos comunes de este grupo de trabajo, como la colaboración público-privada, la situación de los profesionales sanitarios, la investigación y la fiscalidad. Según Rus, en la actualidad “el 80% del gasto en Sanidad es para mayores de 65 años”. Lo cual se deriva de una “pirámide poblacional invertida”. Por otra parte, Rus reivindica que la “información del paciente debe ser compartida, porque el historial clínico es del paciente”. En este sentido, arguye que “la titularidad del hospital, pública o privada, es irrelevante para el paciente”. Lo importante es “la calidad y excelencia asistencial, que sea accesible a toda la población”. Por eso aboga por “el fortalecimiento de la colaboración público-privada”.
En opinión de Rus, “esta ley es un Muro de Berlín entre la sanidad pública y la privada”. Algo inexplicable en un momento en que “el 95% hospitales buscan enfermeras”. Rus asegura que, en este aspecto, la sanidad privada es “una válvula de escape” para la pública, aunque la colaboración con la red estatal apenas supone un 15% de la facturación de la privada. Con la nueva ley, se dispararán las listas de espera, porque “ideología sin matemáticas produce muertes”. Una ley ideológica, en su opinión, basada en el prejuicio de que “lo público es bueno, y lo privado malo”.
Necesidad de gran pacto de estado
Luis de Palacio, vicepresidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), cree que esta ley acarrea una “discriminación preocupante”. Según Palacio, “hace falta una política de cartera de farmacia y productos sanitarios mejor, donde el acceso a los medicamentos no se limite sólo al precio financiado”.
Por otra parte, Natalia Roldán, vicepresidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), ha señalado que “se necesita un gran pacto de estado que garantice a las personas mayores unos servicios de calidad”. Según Roldán, es pacto social afecta a los que “hoy son mayores” y a “nosotros que mañana seremos los mayores”. De no darse esta “corresponsabilidad social”, “vamos a ver las consecuencias”. Roldán aboga por unos servicios “que se basen en la libre elección por parte de los mayores, y que estén suficientemente financiados por el Estado y las CCAA”.
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