Los Ministerios de Trabajo y Economía han desbloqueado sus desencuentros tras cesiones por ambas partes para poder cumplir con los compromisos del componente 23 del Plan de Recuperación, ligado al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos que el Gobierno va a pedir a Bruselas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-Ley que reforma el subsidio por desempleo, que será de mayor cuantía durante el primer año de percepción, compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, e irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.
La reforma aprobada por el Gobierno incluye ligeros cambios respecto a la diseñada inicialmente por Trabajo, pero sigue manteniendo el ‘cuerpo’ original: ampliar el universo de beneficiarios, actualmente de unas 800.000 personas, a más de un millón, así como las cuantías a percibir durante el primer año de la prestación.
En concreto, la reforma eleva el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses. En concreto, la reforma eleva el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
Estas cuantías son las que corresponderían al subsidio con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el importe del subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.
La reforma incorpora también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
Sin embargo, el Real-Decreto incluye un punto de discrepancia con los agentes sociales a cuenta de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales en la norma que reforma el subsidio por desempleo, una de las promesas del Gobierno con el PNV en su acuerdo de investidura.
CCOO y UGT han emplazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque cuanto antes una reunión con sindicatos y empresarios para «restaurar la confianza» en el diálogo social tras la aprobación, por sorpresa, de esta reforma «obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes», reza un comunicado conjunto.
De la misma forma se han expresado las organizaciones empresariales. CEOE y Cepyme han criticado este miércoles duramente al Gobierno por aprobar, «sin preaviso y desde el desprecio al diálogo social», la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales. «La materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española», advierten en un comunicado.
Fuente: Europa Press
