El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes 15 de febrero la nueva Ley de la Ciencia, que buscará «reducir la precariedad» de la profesión investigadora con «estabilidad» y «contratos dignos», según señaló el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto ‘Alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de Ciencia’.
Entre las «mejoras» y «avances» que este texto llevará al sector, el presidente del Gobierno destacó la reducción de la «precariedad» de los científicos y de los técnicos asociados a las líneas de investigación; la creación de un «nuevo itinerario asociado a la estabilidad«; «más derechos para los jóvenes» como el derecho a la indemnización por finalización del contrato predoctoral; o la «redefinición» del contrato de «investigador distinguido» para «atraer a científicos» de «prestigio».
Además, con este texto, se reducirá la «famosa carga administrativa» que reclaman los científicos cuando se tienen que justificar las subvenciones, añadió Sánchez.
«Por lo tanto vamos a tener una ley de ciencia para las científicas, para los científicos de este país, para que no estéis condenados y condenadas a la precariedad, para que se pueda investigar con estabilidad, para que tengan contratos dignos que retengan y atraigan talento a nuestro país y para que investigar no suponga una carrera de obstáculos desde el punto de vista administrativo», declaró.
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España quiere fomentar y atraer el talento investigador, para ello son necesarias medidas que mejoren la situación precaria de los científicos en España.
Investigadores postdoctorales
El último borrador del anteproyecto al que tuvo acceso Europa Press el pasado mes de enero, y sujeto a cambios, recogía un itinerario postdoctoral de «incorporación estable al sistema» que está «inspirado» en el modelo contractual de ‘tenure track’, pero que no consiste en tal figura.
Este modelo contractual es la más utilizada en Estados Unidos, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia. El anterior borrador (cuando estaba a cargo del Ministerio Pedro Duque) recogía esta figura, que consistía en un contrato laboral de 4 años con la posibilidad de convertirse en fijo tras superar una evaluación final externa, y que estaría sujeto a la Oferta Pública de Empleo (OPE). A esta medida se opuso la comunidad científica.
El texto establece que, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
Este modelo de contrato consiste en que el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido», que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.
También para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir «una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».
Investigadores predoctorales
Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para «todo tipo de personal de investigación» que realicen actividades científico-técnicas.
«Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia», señala el texto, que precisa que estos «no formarán parte de la Oferta de Empleo Público».
Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el ‘limbo’ hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.
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Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, el texto propone «una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año».
Según recogía el borrador, el derecho a indemnización de los predoctorales y postdoctorales sólo se aplicaría para aquellos contratos que se suscribiesen a partir de la entrada en vigor de la reforma, lo que generó las quejas del colectivo. Semanas después, el ministerio rectificó anunciando que permitiría que este derecho fuese retroactivo para que así la medida beneficiase tanto a aquellos investigadores ya contratados como los que están por contratar.
Por otro lado, se define una carrera para el personal técnico y rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.
