Con esta información podría decirse que el Foro de los Recursos Humanos abre un apratado mensual sobre la aportación de empleo y desarrollo que hacen los países presentes en España. Lo hacemos para conocer el desarrollo en empleo de los países presentes en España o vinculados con profesionales y empresas españolas, de forma que se pueda generar un acercamiento que ofrezca oportunidades de empleo y negocio.
En esta ocasión vamos a hablar del programa de incentivos fiscales puesto en marcha por el Gobierno de Puerto Rico, con el cual pretende generar más de 56.000 empleos en los próximos 10 años, según estimaciones de un estudio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico, elaborado con la intención de conocer el alcance actual y las proyecciones económicas de las leyes con las que este país pretende atraer inversionistas extranjeros, incentivar a empresarios locales y fomentar la exportación de servicios.
El informe, elaborado por la firma independiente Estudios Técnicos Inc., fue presentado por el economista José Joaquín Villamil en un acto que contó con la presencia de Alberto Bacó Bagué, secretario del DDEC. En su exposición, Villamil explicó que “la exportación de servicios genera oportunidades de empleo de alta calidad e inversiones de alto valor añadido. El promedio anual de pago de nómina ronda los 45.000 dólares por empleo. Las compañías analizadas tenían una nómina total de 137,1 millones de dólares. Este estimado de nómina incluye 7.033 empleos directos, indirectos e inducidos. El empleo en la industria de servicios técnicos aumentó a 6,4% entre el 2012 y el 2014, lo que podría atribuirse a las leyes 20 y 22, ya que muchos de los inversionistas acogidos a estas leyes se dedican a ofrecer ese servicio. Otra gran parte de la inversión de las nuevas compañías que se establecen en la Isla ha sido en bienes raíces”.
El economista añadió que las compañías acogidas a la Ley 20 reportaron ingresos de casi 1.200 millones de dólares, con un ingreso neto de 563 millones, lo que representa unos 34 millones en recaudación fiscal por concepto de impuestos corporativos. Se estima que para el 2024 se sumen 3.500 decretos de Ley 20, que generen 44.656 oportunidades de empleo, que el pago de nómina ascienda a 3.100 millones de dólares y el impuesto corporativo a 800 millones. “Las actividades de exportación que promueve la Ley 20 ofrecen gran potencial para la economía local debido al alto grado de movilidad de la economía de servicios. El impacto económico de la recaudación de la Ley 20 podría representar alrededor del 1% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico”, afirmó Villamil.
Por otro lado, en lo relativo al impacto de la Ley 22, el economista comentó que “la actividad de las compañías acogidas a este decreto ha generado unos 2.483 nuevos empleos en la Isla, con un gasto potencial que asciende a más de 73 millones de dólares. Se estima que para el año 2024 habrá aproximadamente 4.000 decretos aprobados, que podrían generar 11.945 nuevos empleos. El valor en bienes raíces adquiridas se estima en 1.700 millones de dólares y el gasto potencial de los inversionistas en más de 830 millones”.
Por último, el estudio termina afirmando que mantener el programa de incentivos de las leyes 20 y 22 beneficiaría aún más a la economía local si se lograra rentabilizar los efectos derivados de estos decretos. “Estas políticas, combinadas con otros esfuerzos que garanticen efectos derivados más amplios, tienen enorme potencial de promover desarrollo económico dentro de una economía orientada a la exportación”, concluyó Villamil.
Entre las recomendaciones para generar mayor crecimiento económico con el apoyo de estas leyes, el informe destaca las siguientes: revisar los requisitos de creación de empleos e inversión para ambos tratados; incentivar que más compañías locales obtengan decretos; redirigir la Ley 20 a un marco más amplio de desarrollo de start ups locales, y usar la Ley 22 para incentivar la llegada de emprendedores extranjeros que se dediquen a las actividades elegibles para tener decreto de la Ley 20.
“El estudio demuestra que las leyes 20 y 22 atraen a compañías e individuos que ayudan a generar empleos bien remunerados en diversos sectores. Se está fijando la zapata para una economía diversificada y orientada a los servicios y la exportación. Pero es fundamental tener métricas para evaluar el desempeño del programa de incentivos e identificar oportunidades para mejorarlo, y este estudio es parte de ese proceso”, dijo Alberto Bacó Bagué, secretario del DDEC. “Confiamos en que el efecto incremental de estas leyes contribuirá a revitalizar e internacionalizar la economía puertorriqueña. Queda camino por recorrer y es esencial que se terminen de encaminar las medidas para atender el tema fiscal. Pero simultáneamente hay que mantener como prioridades las iniciativas para atraer capital, promover la exportación de servicios y proyectar a Puerto Rico como destino de negocios e inversión”.
