El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido una resolución, que hará pública el próximo lunes 29 de julio, en la que falla contra la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente, ya que «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea, según ha adelantado el sindicato UGT.
Según ha trasladado el sindicato en rueda de prensa, las indemnizaciones medias en el país por un despido injusto están alrededor de 9.000 euros. «Esto no tiene ningún carácter ni disuasivo ningún carácter restaurador. Extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil», ha denunciado el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján.
Desde UGT han insistido en que España debe ser «respetuoso» con lo que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es que una indemnización por despido improcedente tenga dos requisitos: Un carácter disuasorio, es decir, «que no le merezca la pena al empresario incumplidor saltarse la ley», y un carácter resarcitorio.
Por ello, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado en rueda de prensa que, tras conocer la resolución el día 29, Gobierno, sindicatos y patronal se sienten a analizar una adaptación a la legislación española de este fallo que permita dar cumplimiento al mismo. «No hay ningún lugar a dudas de que la sentencia es de carácter vinculante», ha remarcado.
Reforma del despido en España
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el despido en España «es un elemento más que va a ser susceptible de reforma» y ha remarcado que se abordará en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.
Aunque se prevé que el fallo se haga público el próximo 29 de julio, Díaz ha reconocido que conoce el contenido de esa resolución, que se acomoda a las antecedentes de materias más o menos idénticas ante denuncias que se formularon en otros Estados miembro.
«He de decirles que en el acuerdo de Gobierno está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación», ha remarcado la vicepresidenta en declaraciones a la prensa antes de visitar la Fundación Laboral de la Construcción.
No obstante, Díaz ha señalado que los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla y ha asegurado que España es un país en el que el despido «no es un problema». «Lo digo con absoluto conocimiento», ha enfatizado.
«La clave está en que tengamos herramientas ante coyunturas que pueden ser empresariales, de crisis o de sectores de lo que fuere, que acompañemos a esos procesos, pero no es necesario despedir a nadie», ha subrayado.
