Salud y Bienestar

ASPE se pronuncia contra el intento de «autarquía sanitaria en España»

Nuevo intento del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso para enfrentar a la sanidad pública y a la privada. Según ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), se trata de un movimiento contra la colaboración en el Sistema Nacional de Salud. Algo que resulta de especial gravedad en el peor escenario de listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consulta especializada de las últimas décadas. Datos que sitúan a España a la cabeza de los países OCDE en espera de atención médica. Conduciría a una «autarquía sanitaria».

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición. Su finalidad: modificar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. El objetivo consiste en establecer una legislación a la carta para rescatar los contratos concesionales establecidos de gestión de hospitales públicos por empresas de provisión sanitaria. Lo cual  violaría cualquier principio de seguridad jurídica. Puede conducir a un aumento de las causas de resolución de contratos de concesión de servicios. Y ocasionaría una reducción de las cuantías indemnizatorias en los casos de rescisión unilateral no justificada por la Administración.

Autarquía sanitaria

Para ASPE, esta Proposición de Ley de UP es un nuevo e irresponsable intento de confrontación. Se busca descalificar por motivaciones puramente ideológicas el modelo de complementariedad público-privado en materia sanitaria. Se trata de un ataque injustificado para desestabilizar el Sistema Nacional de Salud. La patronal de la sanidad privada hace un llamamiento al análisis objetivo para refutar este tipo de iniciativas legislativas. Estos movimientos políticos pretenden un sistema sanitario público autárquico, en contra de cualquier práctica extendida en los países europeos.

Como resumen de los cambios que introduce la Proposición de Ley de Unidas Podemos:

  • Se mantiene la posibilidad de rescate del servicio por razones de interés público. Pero se elimina la necesidad de acreditar que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.
  • Se reducen las cuantías de la indemnización en los casos en que la resolución del contrato se produzca por causas imputables a la Administración (como por ejemplo en caso de rescate).
  • Se aumentan las causas de resolución del contrato de concesión de servicios (como por ejemplo negar el acceso a información básica del servicio por parte de la Administración).

Aislamiento de Unidas Podemos

ASPE considera que esta Proposición de Ley surge por el aislamiento de Unidas Podemos. Pues esta formación política considera aún insuficiente el ya dañino proyecto en tramitación de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad. Este grupo  político estima que no evita la mal pretendida “privatización» de la sanidad pública cuando concierta con el sector de provisión sanitaria.

La Proposición de Ley atenta con la doctrina del Tribunal Supremo que ya en julio de 2021 sentó precedente (sentencia núm. 952/2021). En aquella ocasión dictaminó contra las reversiones de hospitales públicos sin garantía de rigor presupuestario y control del gasto público. Se trataba del recurso de casación interpuesto por la empresa Ribera Salud contra la reversión del Hospital de La Ribera de Alzira. Esa sentencia supuso una garantía contra las decisiones arbitrarias o no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en los procesos de reversión de servicios e infraestructuras públicas gestionadas bajo concesión a entes privados.

Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana

De hecho, el fin de la concesión del Hospital de La Ribera generó un sobrecoste anual de 76 millones de euros, según los datos oficiales publicados por la propia Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Además, según esos mismos informes, en los siguientes dos años se triplicaron las listas de espera. A lo que hay que añadir el colapso de las urgencias, la falta de camas en hospitalización y también de profesionales.

A ello se suma que, en el caso de la interrupción del contrato de concesión del Hospital de Torrevieja también por la Generalitat, el informe de la Sindicatura de Cuentas valenciana reflejó que la asistencia sanitaria integral de la población de este distrito sanitario de 140.000 ciudadanos suponía con la sanidad privada un ahorro del gasto corriente público de 45 millones al año, lo que se traduce en un 30% de ahorro sobre el gasto medio de los hospitales de su misma categoría.

Colaboración eficaz

La colaboración público-privada funciona con carácter general de forma eficaz en el conjunto de territorios. La aportación del sector a la red pública es clave tanto desde la accesibilidad y apoyo en todo el territorio nacional como desde un precio mucho más competitivo al que presta su servicio.

El importe de la partida de conciertos ascendió en 2020 a 8.587 millones de euros, lo que supone el 10% del gasto sanitario y evidencia una reducción del 15% desde 2014. Un total de 271 hospitales privados (63%) cuentan con algún concierto con la sanidad pública. El destino de la partida de conciertos es principalmente a servicios hospitalarios (60%), servicios especializados (19%), traslado de enfermos (13%), servicios primarios de salud (6%) y prótesis y aparatos terapéuticos (2%).

Por otro lado, los precios concertados son un 50% inferiores a los precios públicos tomando como referencia una media nacional del conjunto de procedimientos médicos. Los precios de los procedimientos quirúrgicos, de diagnóstico y especiales son de media un 46%, un 56% y un 50% inferiores, respectivamente.

«Ceguera obstinada»

Para Carlos Rus, presidente de ASPE, “la sostenibilidad del sistema sanitario depende también de la contribución de nuestro sector”. Y esta Proposición de Ley de UP “no supone la mejora del sistema en el momento más crítico de demanda asistencial, sino que es una ceguera obstinada por una realidad que la sociedad española no se puede permitir, por costes y por capacidad instalada”. Y señala que “debemos instar a los poderes públicos y a los partidos políticos a preservar la eficiencia del servicio al ciudadano y no someterlo a cuestiones ideológicas”.

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