Salud y Bienestar

ASPE reclama a Sanidad evitar ejercicios de criminalización del sector privado

La Alianza de la Sanidad Privada Española asiste insólita a las manifestaciones de la nueva ministra Mónica García en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que ha afirmado insidias de grueso calibre, sin el menor rigor científico contrastado.

El sector, que ha colaborado con la sanidad pública desde el inicio de la democracia de forma flexible y a demanda, desmiente enérgicamente las afirmaciones de la ministra, que tratan de desacreditar al sector afirmando que «la privatización sanitaria está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria».

La patronal sectorial considera que son declaraciones malintencionadas y gratuitas, que quiebran el imprescindible clima de colaboración para contribuir a una cooperación beneficiosa para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. ASPE, tras este ataque infundado e improductivo, valorará en sus órganos ejecutivos de decisión cuantas consecuencias se deriven.

Además de la contribución de la sanidad privada durante la atención sanitaria de la pandemia, que dio asistencia a una de cada tres pacientes de Covid con una involucración y predisposición sin precedentes y escasa compensación, y a casi cuarenta años de contribución a conciertos sanitarios con el sistema público para atender las necesidades de los españoles, el sector considera que estas declaraciones no contribuyen a afrontar los problemas estructurales del SNS (cronicidad; listas de espera históricas, colapso de la atención primaria y pruebas diagnósticas), como debiera ser el objetivo de la ministra, sino más bien tratan de ocultar las ineficiencias de un sistema público en crisis y responden, asimismo, a posiciones ideológicas anacrónicas, alejadas de la realidad asistencial y social de un país avanzado.

Considerar que existe una relación entre la participación de la sanidad privada en auxilio de la sanidad pública, como legalmente está contemplado en la Ley General de Sanidad de 1986, con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria, es un intento de esquivar las propias responsabilidades de gobernanza de la administración pública.

La ministra esconde que el gasto total del sistema sanitario público español ha crecido en los últimos diez años un 41,7%, desde los 66.826 millones de euros de 2014 (6,4% del PIB) a los 94.700 millones registrado en el último dato computado de septiembre de 2023 (7,8% del PIB), sin que con ello se haya logrado disminuir las listas de espera quirúrgicas, que en sentido contrario, han aumentado un 59,9%, desde los 511.923 pacientes en espera estructural para una intervención en 2014 a los 819.964 a junio de 2023.

ASPE considera abusivo que se achaque a la participación de la sanidad privada en auxilio de la pública una responsabilidad directa en la mortandad del país, mientras el erario público aumenta exponencialmente su contribución al sistema sanitario y los resultados muestran que la sanidad pública es incapaz de atender toda la demanda asistencial.

ASPE recuerda que el Congreso de los Diputados ya reprendió al Gobierno durante la pasada legislatura a través de una Proposición no de Ley que hizo un llamamiento a reforzar la colaboración entre el sector público y el sector privado, de forma que se maximizara las sinergias con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, la mayoría del Congreso destacó cómo la sanidad privada contribuye a cumplir con el Objetivo 3 de los ODS contemplados en la agenda 2030, al promover la salud y el bienestar de la ciudadanía.

El Congreso de los Diputados instó al Gobierno, asimismo, a evitar la criminalización de la actividad sanitaria privada que se desprendían de algunos mensajes vertidos por las posiciones más radicalizadas en el Consejo de Ministros, como parece que vuelve a repetirse.

ASPE reclama, por tanto, que el Gobierno rectifique estas declaraciones por parte de un miembro de su Consejo de Ministros que criminalizan al sector sanitario privado, tal como el Congreso ya reprendió al Gobierno por hechos parecidos en 2023.

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