El crowdlending es una figura gracias a la cual las empresas reciben pequeñas cantidades de dinero de diferentes inversores a cambio de un retorno financiero. “Se trata de un nuevo win-win en el que las empresas logran distintas fuentes de financiación, los inversores obtienen mayores rentabilidades que en otras operaciones y tienen mayor control sobre qué se hace con el dinero”, explican los expertos de Ad&Law.
Con el crowdlending quienes invierten no reciben acciones de la empresa, como sucede con el crowdfunding, sino que el emprendedor tan solo se compromete a devolver la cantidad prestada a los inversores con el interés acordado.
En España, el crowdlending se somete a la Ley que regula las Plataformas de Financiación Participativa (PFP), según la cual los promotores de estos proyectos deben estar constituidos legalmente en nuestro país o en otro estado miembro de la UE.
Para poner en marcha una plataforma de crowdlending es necesario disponer de un capital social de, al menos, 60.000 euros en efectivo o contar con un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que pueda hacer frente a cualquier contingencia con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones. También se pueden combinar ambos métodos de capital inicial y seguro de responsabilidad civil profesional. Además, se deben tener en cuenta unos recursos mínimos en base a la financiación conseguida.
Desde Ad&Law explican que “una vez constituida la plataforma, autorizada e incluida en el registro de la CNMV tras un informe previo del Banco de España, ésta sólo podrá publicar un proyecto cada vez y el importe máximo captado no podrá superar los 2M€ en el caso de inversores minoristas o los 5M€ en el caso de que vaya dirigido sólo a inversores acreditados”. Además, el proyecto que aparezca en la plataforma debe tener una explicación en un lenguaje no técnico y una descripción de las características esenciales del préstamo y de los riesgos que conlleva la financiación. Así como la manera de formalizar el préstamo, los derechos que otorgan la inversión y su amortización.
Por otro lado, la ley establece límites a la inversión sólo para los inversores minoristas, que no podrán financiar más de 10.000 euros al año por plataforma y no podrán invertir más de 3.000 euros por proyecto. Más libertad de inversión tienen los inversores acreditados, que no tienen límite de asignación pero deben tener ingresos de al menos 50.000 euros al año o tener un patrimonio financiero de más de 100.000 euros. La ley también permite que las pymes y las personas jurídicas que lo soliciten, aunque no cumplan la condición anterior, puedan ser tratados como inversores acreditados.
